Proyecto presentado en la Legislatura Pampeana
El diputado Provincial Adrián Peppino presentó el proyecto de Ley de “Restricciones y límites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales” tanto de personas físicas extranjeras como de sociedades.
El mismo plantea que los ciudadanos extranjeros y las sociedades con participaciones de ciudadanos extranjeros tendrán limitada la adquisición de inmuebles rurales en la provincia. Sólo se admitirá que puedan adquirir una unidad económica. Unidad económica es aquella parcela de tierra que permite un nivel del vida digno para una familia tipo. De esta manera se bloquean, para este tipo de personas, la adquisición de inmuebles rurales con fines de especulativos y de acumulación.
Esta ley está profundamente vinculada al rol que debe cumplir el Estado como actor regulador y su actividad de salvaguardar el uso del suelo en provecho de toda la comunidad pampeana.
El proyecto prevé mecanismos de control por parte del Estado Provincial para evitar situaciones fraudulentas que impidan que estos sujetos igualmente puedan adquirir inmuebles a través de testaferros. Otro de los puntos del proyecto plantea la creación de registros de acceso público para mejorar la información disponible sobre este tema.
Respecto del proyecto, Peppino afirmó que “la extranjerización es un problema silencioso en nuestra provincia. Diversos actores productivos vienen reclamando una legislación de este tipo. La mayor dificultad que tenemos hoy es el bloqueo de información de parte del gobierno provincial. No hay estadísticas, ni relevamientos públicos, por lo menos que conozcamos. Todo se maneja en el más oscuro de los silencios”.
Sobre casos puntuales el legislador afirmó que “nosotros acercamos dos casos muy concretos. Uno es el de CRESUD, una sociedad antiguamente vinculada a George Soros hoy bajo control de IRSA que es una desarrolladora inmobiliaria y propietaria de varios Shoppings en el país. Esa sociedad posee dos campos que suman más de 10.000 has. El otro caso es La Andría que llevaba constituidas más de seis sociedades anónimas y SRL solamente por el monto mínimo (12.000 pesos) con destino, en su mayoría, a inversiones en tierras. Estos casos pudimos detectarlos de manera muy artesanal porque, repito, la falta de información atraviesa a la mayoría de los estamentos del gobierno provincial”
En La Pampa (tal como sucedió en el país) la conformación inicial de la estructura productiva y del poder económico, ha estado ligada a la propiedad y régimen de tenencia de la tierra, en el caso de nuestra provincia ligada fundamentalmente al reparto de extensiones posteriores a las campañas militares de exterminio indígena de fines del siglo XIX.Por último Peppino afirmó que “el predominio de una concepción utilitaria de la tierra como un bien de mercado y no como un bien social, fue generando en nuestro país un fuerte proceso de concentración de la tierra y extranjerización. Uno de los factores que dio lugar a la concentración fue el paulatino, pero también inevitable, endeudamiento de productores”.El proyecto recopila antecedentes de otros proyectos similares tramitados en otras provincias y tiene como base el formulado por la Federación Agraria Argentina hace tres años.
El mismo plantea que los ciudadanos extranjeros y las sociedades con participaciones de ciudadanos extranjeros tendrán limitada la adquisición de inmuebles rurales en la provincia. Sólo se admitirá que puedan adquirir una unidad económica. Unidad económica es aquella parcela de tierra que permite un nivel del vida digno para una familia tipo. De esta manera se bloquean, para este tipo de personas, la adquisición de inmuebles rurales con fines de especulativos y de acumulación.
Esta ley está profundamente vinculada al rol que debe cumplir el Estado como actor regulador y su actividad de salvaguardar el uso del suelo en provecho de toda la comunidad pampeana.
El proyecto prevé mecanismos de control por parte del Estado Provincial para evitar situaciones fraudulentas que impidan que estos sujetos igualmente puedan adquirir inmuebles a través de testaferros. Otro de los puntos del proyecto plantea la creación de registros de acceso público para mejorar la información disponible sobre este tema.
Respecto del proyecto, Peppino afirmó que “la extranjerización es un problema silencioso en nuestra provincia. Diversos actores productivos vienen reclamando una legislación de este tipo. La mayor dificultad que tenemos hoy es el bloqueo de información de parte del gobierno provincial. No hay estadísticas, ni relevamientos públicos, por lo menos que conozcamos. Todo se maneja en el más oscuro de los silencios”.
Sobre casos puntuales el legislador afirmó que “nosotros acercamos dos casos muy concretos. Uno es el de CRESUD, una sociedad antiguamente vinculada a George Soros hoy bajo control de IRSA que es una desarrolladora inmobiliaria y propietaria de varios Shoppings en el país. Esa sociedad posee dos campos que suman más de 10.000 has. El otro caso es La Andría que llevaba constituidas más de seis sociedades anónimas y SRL solamente por el monto mínimo (12.000 pesos) con destino, en su mayoría, a inversiones en tierras. Estos casos pudimos detectarlos de manera muy artesanal porque, repito, la falta de información atraviesa a la mayoría de los estamentos del gobierno provincial”
En La Pampa (tal como sucedió en el país) la conformación inicial de la estructura productiva y del poder económico, ha estado ligada a la propiedad y régimen de tenencia de la tierra, en el caso de nuestra provincia ligada fundamentalmente al reparto de extensiones posteriores a las campañas militares de exterminio indígena de fines del siglo XIX.Por último Peppino afirmó que “el predominio de una concepción utilitaria de la tierra como un bien de mercado y no como un bien social, fue generando en nuestro país un fuerte proceso de concentración de la tierra y extranjerización. Uno de los factores que dio lugar a la concentración fue el paulatino, pero también inevitable, endeudamiento de productores”.El proyecto recopila antecedentes de otros proyectos similares tramitados en otras provincias y tiene como base el formulado por la Federación Agraria Argentina hace tres años.
