La Cámara de Diputados de La Pampa sancionó a fines de noviembre la llamada “Ley Peppino”, que regula los procedimientos médicos del sector público en los abortos no punibles garantizados y contemplados en el Código Penal
El proyecto, presentado por el diputado del Partido Socialista, Adrián Peppino, respeta además la objeción de conciencia que formulen los profesionales.
Esta norma fue todo un avance en la materia a nivel nacional, que apenas tenía antecedentes.
La aprobación en el recinto de la Cámara de Diputados se desarrolló en un clima cargado de tensión, ya que estaba dividido entre quienes apoyaron la iniciativa como una reivindicación de género y sectores católicos que se oponen.
A favor estuvieron las integrantes de Mujeres por la Solidaridad, quienes portaban una bandera verde con la leyenda "Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito".
La ley establecía que cuando esté en peligro la vida para la embarazada o se produzca una violación a una mujer con alguna discapacidad mental, los servicios de salud deberán garantizar la realización de un diagnóstico y las intervenciones médicas necesarias para la interrupción del embarazo sin riesgos, así como la atención médica y psicológica a la mujer pre y post aborto. Las prácticas profesionales no requerirán autorización judicial.
La ley estableció además que si la mujer gestante decide interrumpir su embarazo, se procederá a la realización de dicha práctica médica en un plazo no mayor de seis días.
Los diputados aprobaron el proyecto en la última sesión de 2007, el cual se convirtió en ley por 18 votos a favor y 5 en contra.
Avances de importancia
La llamada “Ley Peppino” fue un avance de importancia en materia legislativa, no sólo para La Pampa, sino también para el país dado, que es una de las primeras provincias que vota esta ley.
De esta manera, La Pampa comenzará a regular el procedimiento a llevarse a cabo en los establecimientos sanitarios oficiales frente a casos de abortos no punibles, contemplados en el Código Penal desde 1921.
La norma recibió críticas de sectores vinculados a la Iglesia que se movilizaron en el Centro Cívico para presionar al gobierno pampeano para que vetase la ley.
El obispo de Santa Rosa, Rinaldo Bredice, se opuso a la puesta en marcha de la Ley con argumentos conservadores que no contemplan los derechos y la libertad de conciencia de las mujeres, y el derecho a decidir sobre su cuerpo.
El diputado socialista Adrián Peppino expuso en el recinto al momento de votar el proyecto los fundamentos por el cual el Estado pampeano debe garantizar sin necesidad de autorización judicial la realización de un diagnóstico y las intervenciones médicas necesarias para la interrupción del embarazo.
Repercusiones.
La aprobación de la ley tuvo repercusión nacional. Diarios como Página 12, La Nación y Clarín se hicieron eco de la norma y también de lo que representa en materia legislativa para el país. Justo en momento en que en la provincia de Mendoza se intentaba trabar su aprobación.
El gobierno provincial ya se había pronunciado a favor de reglamentar el aborto no punible para casos que lleguen a hospitales públicos y el subsecretario de Salud Rubén Ojuez expuso esta posición en la Comisión parlamentaria de Legislación Social y Salud Pública.
Hasta el ministro de Salud, de visita en La Pampa para inaugurar un hospital en el barrio del Plan 5.000 dio el visto bueno a la aprobación de la ley. Con el cambio de gobierno y la asunción de Oscar Mario Jorge triunfó la presión de la iglesia católica y una política de neto corte conservador y el 16 de diciembre vetó la ley.
Todo un retroceso en los avance de la reivindicaciones de las mujeres sobre su cuerpo y en la legislación moderna dentro de La Pampa. El socialista pepino afirmó sobre este veto que “al gobernador se le cayó la careta y demostró nuevamente que es antidemocrático y como prueba de ello no hay que olvidarse de ya juró por el proceso militar” y que este hecho dejó en evidencia “que se trata de un gobierno sin compromiso social alguno”.
Y lo acusó de “desconocer a la Cámara de Diputados por la decisión de una mayoría apoyando un código que se remonta a 1921 y que ahora solo pretende garantizar la igualdad de las mujeres”.
